18 de agosto de 2025.- La administración pública afronta un reto constante: garantizar la seguridad de los servicios esenciales en un escenario donde los ciberataques son cada vez más sofisticados. Infraestructuras críticas como la energía, el transporte, el agua o la sanidad dependen de sistemas digitales interconectados que, al mismo tiempo que facilitan la gestión, los hacen más vulnerables.
En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se está consolidando como un recurso imprescindible. A través de la ciberseguridad algorítmica, los sistemas aprenden de patrones previos, detectan anomalías en tiempo real y actúan de manera preventiva frente a posibles intrusiones. Ya no se trata solo de reaccionar cuando el problema aparece, sino de anticiparse antes de que el ataque tenga éxito.
La IA como escudo preventivo
Los ciberdelincuentes también utilizan IA para multiplicar el alcance y la sofisticación de sus ataques. La respuesta pasa por aplicar la misma tecnología en defensa: algoritmos capaces de analizar miles de señales simultáneamente y detectar en segundos lo que para un equipo humano sería casi imperceptible. La inteligencia artificial maneja lo que los expertos llaman las tres V —volumen, velocidad y variedad de datos—, ofreciendo a los analistas una visión clara y filtrada para que puedan actuar con rapidez.
Sistemas antiguos y recursos limitados
Una de las grandes debilidades de la administración es su dependencia de sistemas informáticos heredados, más difíciles de actualizar y mantener. Estos equipos antiguos pueden convertirse en puertas de entrada para los atacantes. La IA permite reforzarlos sin necesidad de sustituirlos de inmediato, adaptándose a sus “lenguajes” y añadiendo capas de protección que funcionan en la nube, reduciendo el consumo de recursos locales.
A esto se suma la falta de personal especializado y presupuestos ajustados. En este punto, la IA actúa como un multiplicador de fuerzas, liberando a los analistas de tareas repetitivas, filtrando las alertas que no son relevantes y ofreciendo explicaciones claras para una toma de decisiones más rápida.
Cumplir la normativa y proteger los datos
La seguridad digital no se limita a frenar ataques: también implica salvaguardar los datos personales y sensibles. Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la directiva NIS2 exigen a la administración pública altos niveles de cumplimiento y trazabilidad. Las soluciones basadas en IA ayudan a garantizar que se respeten estas obligaciones, reforzando la soberanía digital al mantener la información bajo jurisdicciones europeas y evitando riesgos asociados a leyes extranjeras.
Diversidad de sistemas y necesidad de integración
Cada organismo público trabaja con tecnologías distintas, lo que genera un entorno heterogéneo y complejo de supervisar. La IA contribuye a integrar esa diversidad mediante consolas unificadas que centralizan la información y permiten una respuesta más coordinada frente a amenazas.
Tecnología al servicio de las personas
Los especialistas insisten en que la IA no sustituirá la experiencia humana, sino que la complementa. Los algoritmos aprenden constantemente de nuevos datos, pero siempre bajo supervisión humana para garantizar que las decisiones se tomen de forma ética y responsable. El futuro pasa por esta colaboración: equipos reforzados por máquinas que les permitan trabajar con más agilidad, precisión y eficiencia.
Más allá de la seguridad, la inteligencia artificial también empieza a transformar la relación entre el ciudadano y la administración. DAPAMAR-IA, revoluciona la interacción ciudadana con los organismos públicos gracias a un agente virtual capaz de comunicarse por WhatsApp en texto y voz.
Nuestra propuesta es clara: simplificar la burocracia y mejorar la comunicación entre ciudadanos y administración, facilitando el acceso a grandes volúmenes de información y documentos oficiales. Con este tipo de iniciativas, la IA no solo protege infraestructuras críticas, sino que también se convierte en una herramienta de sencillez y eficiencia para hacer más ágil y accesible el funcionamiento del sector público.